- PRESENTACIÓ: La situació del professorat tècnic d’FP davant la LOMLOE. Accions realitzades davant la Conselleria d’Educació. Mesures a adoptar.
- INFORME: La situación del profesorado técnico de FP ante la nueva ley educativa (LOMLOE).
- INFORME (II): UGT Enseñanza PV exige a Educación negociar la situación del profesorado técnico de FP.
- UGT es reuneix amb Educació per a negociar la situació del professorat d’FP en la Comunitat València després de la LOMLOE. || Espai web.
- UGT se reúne con Educación para negociar la situación del profesorado de FP en la Comunidad Valencia tras la LOMLOE. || Sitio web.
Un Ministerio de FP que extingue el profesorado de FP?
GUILLERMO MARTÍ || Valencia || Jueves, 18 febrero 2021 – 09:58
El nuevo Ministerio de Educación, que lleva los apellidos de Formación Profesional (MEFP), extingue el único cuerpo de profesores de FP que existe en España, increíble pero cierto. El objetivo de esta mala idea ha sido arreglar una discriminación histórica entre los profesores de teoría de FP, profesores de Enseñanza Secundaria (PES), con mejor salario, con los de prácticas, Profesores Técnicos de Formación Profesional (PTFP), con salarios más bajos pero que imparten clase al mismo alumnado y en los mismos institutos. El MEFP a través de la disposición adicional 11 de la LOMLOE (8ª Ley de Educación) declara a extinguir el cuerpo de PTFP e integra en el cuerpo de PES a los que estuvieran en posesión de la titulación de grado universitario. Desde la promulgación de la LOGSE en 1990 el PTFP reivindico la equiparación salarial: «A igual trabajo, igual salario», homologación económica que sólo se consiguió en 1995 en el País Vasco, mientras que 16 CCAA han mantenido esa discriminación salarial los últimos 25 años. La ley intenta dar una solución al problema, pero se hace deprisa, sin consultar, sin verificar…, y lo que era una buena idea, se desarrolla mal y provoca una catástrofe al dividir al profesorado por una cuestión de «titulitis», y que impone ser universitario para opositar a FP en el futuro. Ante esta situación PTFP de toda España ha levantado la voz en contra de una Ley que premia a los que tienen un título universitario y degrada al profesorado con títulos de FP de mecánica, peluquería, soldadura, carrocería, carpintería, cocina, pastelería, estética, artes gráficas, patronaje y confección, etc.
Ante este clamor el MEFP ha contestado el 15-1-2021 en un escrito de la Secretaría General de FP de siete puntos dónde indica en negrita: 1.» Se considera que esta modificación mejora notablemente la situación profesional de en torno al 90% del profesorado técnico de FP». Esta afirmación es gravemente errónea porque el 90% del cuerpo de PTFP no tiene título universitario para beneficiarse de esta medida y trasmite un desconocimiento terrible sobre el origen del profesorado de prácticas que no proviene mayoritariamente de la universidad, sino de la FP, del mundo del trabajo y de las empresas. No sabemos en qué estudio se basa el MEFP para decir que sólo el 10% del PTFP tiene títulos de FP, y el 90% son universitarios. Esperamos que publique las estadísticas que han llevado a modificar de forma unilateral las condiciones laborales de cerca de 40.000 PTFP. Modificación que, por cierto, debería haber negociado previamente con los sindicatos a nivel estatal para ver los pros y los contras, con un análisis riguroso de todas las situaciones que iba a producir, para evitar este caos.
Pero volvamos al dato del MEFP, ¿de dónde sale ese 90%? Parece que esta mágica cifra se parece mucho a una de un informe que circula por las redes sociales de una Asociación de Profesores de FP que dice: «El cuerpo de PTFP de unos 30.000 profesores (…) alrededor del 85%-90% dispone de titulación universitaria (…) entre un 7%-12% son profesores funcionarios no tienen titulación universitaria (…) se establece que el profesorado interino con titulación de FP está entre 900 y 1.200 en toda España lo que supone una media de 1.050 profesores».
Para contrastar los datos hay que irse a las dos únicas CCAA que han publicado sus cifras oficiales de PTFP, desglosadas por titulaciones, que contradicen radicalmente estas afirmaciones. El País Vasco, donde mejor funciona la FP de España, hay 3.036 PTFP, de los cuales con titulo universitario son 1.608, el 52,96%, y con título de FP 1.428, el 47,03%. En Galicia de 2.149 PTFP, con título universitario hay 1.381, el 64,27% y con título de FP 768, el 35,73%. Si sumamos ambas comunidades tienen 2.196 PTFP con título de FP, es decir, un 42,35% salen perjudicados, nada que ver con el 10% que plantea el ministerio. Además, sólo con los 1.428 profesores y profesoras interinas con título de FP del País Vasco, se deja en ridículo la fantasiosa cifra 1.050 docentes de FP que da esta asociación para toda España.
En nuestra Comunidad Valenciana hay este curso 4.076 PTFP de los cuales 1.906interinos. La Conselleria está elaborando un estudio de sus títulos, por cierto, que nadie pidió previo a la Ley. Al final un ministerio que no ha hecho los deberes de sumar correctamente los datos, se dará cuenta que entre el 40% y 50% de los PTFP tienen el título de FP, y que para homologar al 100% del PTFP solo hacía falta un complemento como hace el País Vasco. Si tenían ganas de innovar en vez de desguazar el cuerpo de PTFP y crear problemas dónde no los había, podrían haber optado por legislar un nuevo cuerpo único de profesores de FP, que los englobe a todos con la misma retribución, respetando sus titulaciones. Solución que se podría adoptar en la nueva Ley de FP para solucionar el conflicto creado por el ministerio.
Decía Italo Calvino que un país que destruye la Escuela Pública está gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber.
La propuesta de modificación de la Ley educativa por parte del Gobierno en marzo de 2020 no fue una sorpresa. Ocho leyes educativas en los últimos 40 años avalaban a la coalición PSOE-Podemos para derogar la tan denostada LOMCE del ministro Wert. No había en el borrador inicial presentado en marzo de 2020 nada que hiciese suponer que la nueva Ley iría más allá de modificaciones cosméticas en los porcentajes de los contenidos educativos entre el Gobierno Central y las CCAA, sin tocar el aspecto clasista central de la educación que es la profundización en los conciertos educativos.
Porque hay que reconocer que la escuela pública ha ido perdiendo posiciones, año tras año, reforma tras reforma, en detrimento de una escuela privada escudada tras el trampantojo de la “educación concertada”, que no deja de ser la privada de toda la vida con apoyo y financiación pública mediante conciertos y a la que le va muy bien, pese a que escenifiquen, con cada reforma educativa, la insuficiencia de esas ayudas. Está claro que lo que algunos tienen que perder con la difusión del saber es un gran negocio.
La nueva ley educativa, la LOMLOE, popularmente conocida como Ley Celaa, tiene además una disposición adicional Undécima que declara el Cuerpo de profesores Técnicos de Formación Profesional “a extinguir” mediante la que se pretende solucionar una histórica reivindicación de los trabajadores de Formación Profesional.
La Formación Profesional nació como una escuela de artes y oficios, y desde su primera legislación en 1955 bajo el franquismo, ha sido una escuela de la Clase Trabajadora. Allí enseñan profesionales procedentes del mundo laboral cómo se maneja un torno, cómo se repara un coche, cómo se hace una instalación eléctrica o a cortar el pelo.
En los institutos de la Formación Profesional existen dos tipos de profesores. Por un lado, los que imparten las asignaturas de teoría, que son profesores de secundaria (PS), con categoría A1 y titulación universitaria. Por otro lado, los profesores técnicos de Formación Profesional (PTFP), que imparten docencia en los talleres, con categoría A2, entre los que un 50% son titulados de FP y que en muchos casos vienen del mundo laboral.
La diferencia entre la escala A1 y la A2 es que la segunda tiene una menor retribución, a pesar de que el trabajo que desempeñan es el mismo. Por este motivo, desde la promulgación de la LOGSE en 1990 el colectivo de PTFP viene reivindicando la equiparación con los profesores de secundaria: “A igual trabajo, igual salario”, homologación que sólo se consiguió en 1995 en el País Vasco, con un complemento autonómico propio, mientras que las demás CCAA han mantenido esa discriminación.
Con la intención de dar respuesta a esta reivindicación, la LOMLOE, en su disposición adicional undécima, recoge textualmente que el cuerpo de profesores técnicos se extingue, y que en lo sucesivo todos los docentes se integrarán en el cuerpo de profesores de secundaria A1. Lo que en principio parece una buena idea, se convierte en una mala idea porque no tiene en cuenta la realidad del profesorado de Formación Profesional. Para acceder a la escala A1 de profesores de secundaria es requisito indispensable estar en posesión de una titulación universitaria, por lo que miles de funcionarios del cuerpo de profesores técnicos A2 se han quedado en un cuerpo a extinguir y miles de interinos en un limbo legal. Una equiparación mal entendida, porque no se ha realizado desde el principio de “a igual trabajo igual salario”, sino desde el principio de “a igual titulación, igual salario”.
Y, como veremos, ese criterio basado en la titulación no solo es un error, sino que está fundamentado en la propia realidad de la educación. Ninguna etapa educativa se encuentra al margen de esa mercantilización de la que hablábamos más arriba, por eso llueve sobre mojado en el colectivo de PTFP. Esta situación es el último paso de un camino emprendido hace tiempo, porque lo que se pretende es convertir la FP en una “Universidad en pequeño”, prestigiando la calidad de la educación por la titulación (la tan manida titulitis que sufrimos en este país) y no por los conocimientos sobre la materia. Esta perspectiva clasista en la que se sustenta el negocio de las titulaciones obtuvo su primera victoria mediante el RD 276/2007, en el que se establecía que las condiciones de acceso para la mayoría de las especialidades de PTFP eran únicamente las titulaciones universitarias. La LOMLOE lo que ha hecho ha sido cerrar este capítulo en las 10 especialidades restantes, en las que esta situación es más sangrante aún porque existen titulaciones como cocina, peluquería o soldadura para las que no existe una titulación universitaria equiparable, a las que en estos momentos pueden acceder economistas o farmacéuticos, pero no trabajadores con titulación de FP.
Esta discriminación del profesorado técnico oculta un negocio escandaloso en la obtención de titulaciones, que está consiguiendo que los beneficios de una minoría determinen la orientación educativa de todo un país. Este es el motivo por el que se están generalizando “titulaciones a la carta”. Por poner un ejemplo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, emite desde hace tiempo certificados de especialización, que se están empezando a extender por todo el país. Son certificados “ad hoc” para las empresas, mediante los que se ponen a su disposición los institutos de FP para necesidades concretas y coyunturales. Esta experiencia se ha desarrollado en Vitoria-Gasteiz con Mercedes y tiene también mucho que ver con la difusión de multitud de titulaciones técnicas en la FP y en la Universidad, que dan respuesta puntual a las necesidades de la patronal, a la par que se entrega a las empresas mano de obra barata mediante las prácticas o la formación DUAL.
Por este motivo hay que entender que la reivindicación inmediata no es que el profesorado técnico de Formación Profesional sea profesor de secundaria, sino que tenga sus condiciones económicas y laborales. Es necesario crear un nuevo cuerpo único de profesores de FP, que los englobe a todos con los mismos derechos y respetando sus titulaciones de acceso, como así ha reconocido la propia Ministra de Educación. La mercantilización de la educación no debe hacernos perder la perspectiva de que es el conocimiento práctico, tan necesario para formar a las nuevas generaciones de trabajadores, lo que realmente ha prestigiado a la Formación Profesional, y no la titulación, que muchas veces, poco o nada tiene que ver con lo que se va a enseñar.
Pero volvamos al dato del MEFP, ¿de dónde sale ese 90%? Parece que esta mágica cifra se parece mucho a una de un informe que circula por las redes sociales de una Asociación de Profesores de FP que dice: «El cuerpo de PTFP de unos 30.000 profesores (…) alrededor del 85%-90% dispone de titulación universitaria (…) entre un 7%-12% son profesores funcionarios no tienen titulación universitaria (…) se establece que el profesorado interino con titulación de FP está entre 900 y 1.200 en toda España lo que supone una media de 1.050 profesores».
Para contrastar los datos hay que irse a las dos únicas CCAA que han publicado sus cifras oficiales de PTFP, desglosadas por titulaciones, que contradicen radicalmente estas afirmaciones. El País Vasco, donde mejor funciona la FP de España, hay 3.036 PTFP, de los cuales con titulo universitario son 1.608, el 52,96%, y con título de FP 1.428, el 47,03%. En Galicia de 2.149 PTFP, con título universitario hay 1.381, el 64,27% y con título de FP 768, el 35,73%. Si sumamos ambas comunidades tienen 2.196 PTFP con título de FP, es decir, un 42,35% salen perjudicados, nada que ver con el 10% que plantea el ministerio. Además, sólo con los 1.428 profesores y profesoras interinas con título de FP del País Vasco, se deja en ridículo la fantasiosa cifra 1.050 docentes de FP que da esta asociación para toda España.
En nuestra Comunidad Valenciana hay este curso 4.076 PTFP de los cuales 1.906interinos. La Conselleria está elaborando un estudio de sus títulos, por cierto, que nadie pidió previo a la Ley. Al final un ministerio que no ha hecho los deberes de sumar correctamente los datos, se dará cuenta que entre el 40% y 50% de los PTFP tienen el título de FP, y que para homologar al 100% del PTFP solo hacía falta un complemento como hace el País Vasco. Si tenían ganas de innovar en vez de desguazar el cuerpo de PTFP y crear problemas dónde no los había, podrían haber optado por legislar un nuevo cuerpo único de profesores de FP, que los englobe a todos con la misma retribución, respetando sus titulaciones. Solución que se podría adoptar en la nueva Ley de FP para solucionar el conflicto creado por el ministerio.
Decía Italo Calvino que un país que destruye la Escuela Pública está gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber.La propuesta de modificación de la Ley educativa por parte del Gobierno en marzo de 2020 no fue una sorpresa. Ocho leyes educativas en los últimos 40 años avalaban a la coalición PSOE-Podemos para derogar la tan denostada LOMCE del ministro Wert. No había en el borrador inicial presentado en marzo de 2020 nada que hiciese suponer que la nueva Ley iría más allá de modificaciones cosméticas en los porcentajes de los contenidos educativos entre el Gobierno Central y las CCAA, sin tocar el aspecto clasista central de la educación que es la profundización en los conciertos educativos.
Porque hay que reconocer que la escuela pública ha ido perdiendo posiciones, año tras año, reforma tras reforma, en detrimento de una escuela privada escudada tras el trampantojo de la “educación concertada”, que no deja de ser la privada de toda la vida con apoyo y financiación pública mediante conciertos y a la que le va muy bien, pese a que escenifiquen, con cada reforma educativa, la insuficiencia de esas ayudas. Está claro que lo que algunos tienen que perder con la difusión del saber es un gran negocio.
La nueva ley educativa, la LOMLOE, popularmente conocida como Ley Celaa, tiene además una disposición adicional Undécima que declara el Cuerpo de profesores Técnicos de Formación Profesional “a extinguir” mediante la que se pretende solucionar una histórica reivindicación de los trabajadores de Formación Profesional.
La Formación Profesional nació como una escuela de artes y oficios, y desde su primera legislación en 1955 bajo el franquismo, ha sido una escuela de la Clase Trabajadora. Allí enseñan profesionales procedentes del mundo laboral cómo se maneja un torno, cómo se repara un coche, cómo se hace una instalación eléctrica o a cortar el pelo.
En los institutos de la Formación Profesional existen dos tipos de profesores. Por un lado, los que imparten las asignaturas de teoría, que son profesores de secundaria (PS), con categoría A1 y titulación universitaria. Por otro lado, los profesores técnicos de Formación Profesional (PTFP), que imparten docencia en los talleres, con categoría A2, entre los que un 50% son titulados de FP y que en muchos casos vienen del mundo laboral.
La diferencia entre la escala A1 y la A2 es que la segunda tiene una menor retribución, a pesar de que el trabajo que desempeñan es el mismo. Por este motivo, desde la promulgación de la LOGSE en 1990 el colectivo de PTFP viene reivindicando la equiparación con los profesores de secundaria: “A igual trabajo, igual salario”, homologación que sólo se consiguió en 1995 en el País Vasco, con un complemento autonómico propio, mientras que las demás CCAA han mantenido esa discriminación.
Con la intención de dar respuesta a esta reivindicación, la LOMLOE, en su disposición adicional undécima, recoge textualmente que el cuerpo de profesores técnicos se extingue, y que en lo sucesivo todos los docentes se integrarán en el cuerpo de profesores de secundaria A1. Lo que en principio parece una buena idea, se convierte en una mala idea porque no tiene en cuenta la realidad del profesorado de Formación Profesional. Para acceder a la escala A1 de profesores de secundaria es requisito indispensable estar en posesión de una titulación universitaria, por lo que miles de funcionarios del cuerpo de profesores técnicos A2 se han quedado en un cuerpo a extinguir y miles de interinos en un limbo legal. Una equiparación mal entendida, porque no se ha realizado desde el principio de “a igual trabajo igual salario”, sino desde el principio de “a igual titulación, igual salario”.
Y, como veremos, ese criterio basado en la titulación no solo es un error, sino que está fundamentado en la propia realidad de la educación. Ninguna etapa educativa se encuentra al margen de esa mercantilización de la que hablábamos más arriba, por eso llueve sobre mojado en el colectivo de PTFP. Esta situación es el último paso de un camino emprendido hace tiempo, porque lo que se pretende es convertir la FP en una “Universidad en pequeño”, prestigiando la calidad de la educación por la titulación (la tan manida titulitis que sufrimos en este país) y no por los conocimientos sobre la materia. Esta perspectiva clasista en la que se sustenta el negocio de las titulaciones obtuvo su primera victoria mediante el RD 276/2007, en el que se establecía que las condiciones de acceso para la mayoría de las especialidades de PTFP eran únicamente las titulaciones universitarias. La LOMLOE lo que ha hecho ha sido cerrar este capítulo en las 10 especialidades restantes, en las que esta situación es más sangrante aún porque existen titulaciones como cocina, peluquería o soldadura para las que no existe una titulación universitaria equiparable, a las que en estos momentos pueden acceder economistas o farmacéuticos, pero no trabajadores con titulación de FP.
Esta discriminación del profesorado técnico oculta un negocio escandaloso en la obtención de titulaciones, que está consiguiendo que los beneficios de una minoría determinen la orientación educativa de todo un país. Este es el motivo por el que se están generalizando “titulaciones a la carta”. Por poner un ejemplo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, emite desde hace tiempo certificados de especialización, que se están empezando a extender por todo el país. Son certificados “ad hoc” para las empresas, mediante los que se ponen a su disposición los institutos de FP para necesidades concretas y coyunturales. Esta experiencia se ha desarrollado en Vitoria-Gasteiz con Mercedes y tiene también mucho que ver con la difusión de multitud de titulaciones técnicas en la FP y en la Universidad, que dan respuesta puntual a las necesidades de la patronal, a la par que se entrega a las empresas mano de obra barata mediante las prácticas o la formación DUAL.
Por este motivo hay que entender que la reivindicación inmediata no es que el profesorado técnico de Formación Profesional sea profesor de secundaria, sino que tenga sus condiciones económicas y laborales. Es necesario crear un nuevo cuerpo único de profesores de FP, que los englobe a todos con los mismos derechos y respetando sus titulaciones de acceso, como así ha reconocido la propia Ministra de Educación. La mercantilización de la educación no debe hacernos perder la perspectiva de que es el conocimiento práctico, tan necesario para formar a las nuevas generaciones de trabajadores, lo que realmente ha prestigiado a la Formación Profesional, y no la titulación, que muchas veces, poco o nada tiene que ver con lo que se va a enseñar.
